La Corte Suprema dejó sin efecto la licitación del litio que se realizó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
La decisión se toma después de que la Corte Suprema acogiera dos recursos de protección. Estos fueron presentados por las comunidades indígenas de Camar y Coyo.
Por su parte, Camar interpuso un recurso debido a que no se pudo realizar la consulta indígena. Ante esto, la tercera sala del tribunal estipuló que no se cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto.
Mientras tanto, el recurso de protección de la comunidad Coyo, fue interpuesto por la adjudicación de dos cuotas de 80 mil toneladas de litio que se comercializaría a las empresas BYD Chile SPA y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte SA.